Por Vespasiano Jaramillo B.
Bogotá
La discusión y aprobación del monto del Presupuesto General de la Nación la semana pasada en el Congreso permitió el destape de algunas de las intenciones gubernamentales en materia de reforma tributaria. El presupuesto quedó, al final, en $67.1 billones con una porción de $1.4 billones desfinanciada y que puede ser la "punta del iceberg" de los futuros impuestos que pagarán los colombianos.
En efecto, el roto fiscal no sólo se evidencia en el colosal endeudamiento público que, según el ministro de Hacienda, Roberto Junguito, equivale a 50% de todos los bienes y servicios que se producen durante un año en el país; también se agregan otras contingencias. En los cálculos de ingresos y egresos estatales el Gobierno entrante descubrió una inconsistencia de $3 billones, es decir, fueron puestos como gasto en el Presupuesto del 2003 por la administración Pastrana, pero sin aclararse de dónde saldrán los recursos. Y, finalmente, se proyectó un endeudamiento adicional externo por US$1.800 millones cuando (lo advirtió Junguito) a duras penas se obtendrán US$1.000 millones por las limitaciones que presentan ahora los mercados internacionales.
La suma de la parte desfinanciada del Presupuesto y los imprevistos (menos crédito externo y las partidas sin un real apoyo financiero) podría superar los $5 billones que, para los expertos, no llevan a otro punto que a presiones tributarias mucho más fuertes.
Los fantasmas
Mientras se aprobaba el monto presupuestal, el ministro de Hacienda informaba de una autorización del presidente Uribe Vélez para consultar a los partidos políticos y al sector privado respecto a la profundidad y alcances de la reforma tributaria. Además, se aclaró que la pretendida recolección, el próximo año, de más de $3 billones por la vía de impuestos era improbable y que, por otra orden presidencial, esta se debería limitar a conseguir los recursos que cubran la parte desfinanciada del Presupuesto, es decir, $1.4 billones. Junguito, quien dijo al Congreso que se necesitaban, al menos, $1.8 billones, recordó, sin embargo, los riesgos originados en las dificultades del crédito externo y el hueco de los $3 billones no justificado por el Gobierno anterior.
El ministro habló de los capítulos de la reforma tributaria aunque no los detalló. Estos serán la extensión del IVA, ajustes en renta, controles a la evasión (se viene insistiendo en la penalización) y una referencia especial a los impuestos territoriales.
Sin conocerse siquiera fragmentos concretos del texto del proyecto, desde diversos sectores se dispararon alarmas. En el Congreso se denunció que el Impuesto de Renta subiría de 35% a 38.5%, algo insostenible para un empresariado que comenzará a pagar dentro de pocos días el Impuesto de Seguridad (1.2% de su patrimonio líquido). Tal denuncia no fue negada por el ministro de Hacienda quien se ha limitado a decir que aún no puede revelar detalles.
Las consultas de la reforma tributaria, como en el caso de cualquier proyecto de esta magnitud, tienen dos vías. Una, las recomendaciones que se recogen entre los agentes privados y la otra, el llamado "lobby" que se hace para advertir de posibles excesos o de consecuencias económicas negativas. Este último camino es el que han recorrido empresas antioqueñas como la Nacional de Chocolates o Noel que en documentos técnicos han señalado los peligros de, por ejemplo, la aplicación de un IVA de 16% a los alimentos procesados que son el eje de su producción.
Quizás la opción de extender el IVA a una mayor cantidad de bienes no sólo se constituya en un espejismo fiscal, sino que golpee de tal forma el consumo y, por tanto, las ventas que resulte peor el remedio que la enfermedad. Esto se intenta comprobar en los documentos de las empresas paisas donde se hace historia del IVA y su influencia en los niveles del consumo popular. Sobra decir que una menor dinámica en la producción disminuye, por muchos otros lados, la tributación.
Desenlace
Todo indica que esta semana se conocerá el texto de la reforma tributaria y que como tal será presentado al Congreso, en primera instancia con el objeto de recolectar los $1.4 billones y quizás con las salvedades de que podría haber más exigencias si la situación fiscal sigue tan deteriorada.
El Gobierno se ha comprometido a combinar el incremento de las obligaciones tributarias con un fuerte recorte en el gasto público, cuyo tema será adicionado al referéndum, pues se quiere tener mayor libertad para eliminar egresos del Estado. Falta ver qué le toca a quién en esta feria de los aportes (obligatorios o voluntarios). Los especialistas ya dicen que, por ahora, ya se hizo efectivo un cobro. El de los $1.4 billones porque al aprobarse el monto del Presupuesto quedó avalada por el propio Congreso la desconocida y misteriosa reforma en cuestión.
Tomado de: El Colombiano. Septiembre 16 de 2002. Pág. 2B